Hebe de Bonafini: Cronología de un Procesamiento Judicial

La trayectoria de Hebe de Bonafini, figura emblemática de la defensa de los derechos humanos en Argentina, estuvo marcada en sus últimos años por un complejo entramado judicial: el escándalo del programa “Sueños Compartidos”. Este caso, que involucró el desvío de millonarios fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales, no solo puso en jaque la credibilidad de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, sino que también desnudó las intrincadas relaciones entre poder político y organizaciones sociales. La pregunta clave que resuena en este expediente es cuándo, y bajo qué circunstancias, la Justicia finalmente procesó a Bonafini, un hito que marcaría un antes y un después en su vida pública y en el devenir de la causa.

El escándalo de “Sueños Compartidos” estalló en mayo de 2011, revelando una profunda grieta entre Hebe de Bonafini y los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, quienes habían sido piezas fundamentales en la gestión del programa. Lo que comenzó como una denuncia pública por parte de Sergio Schoklender, acusando a Bonafini de desmanejos financieros, rápidamente escaló a una investigación judicial que sacudiría los cimientos de la Fundación. En aquel entonces, en pleno auge del gobierno de Cristina Kirchner, se desplegaron una serie de estrategias para proteger a la titular de las Madres de Plaza de Mayo. El primer capítulo judicial estuvo a cargo del entonces juez Norberto Oyarbide, cuya actuación fue duramente criticada por su aparente falta de imparcialidad. Oyarbide, manejado a control remoto desde la Casa Rosada según fuentes cercanas al caso, se limitó a citar a Bonafini en calidad de testigo y, de manera llamativa, aceptó a la propia Fundación como querellante. Esta postura inicial generó un manto de impunidad que permitió que el caso se mantuviera en un limbo, mientras el gobierno intentaba minimizar la magnitud de la polémica en plena campaña electoral.

La protección oficial no solo se extendió a Hebe de Bonafini, sino que también incluyó a su hija, María Alejandra. Se investigaron diversas operaciones inmobiliarias sospechosas que nunca pudieron ser justificadas, siendo la más notoria la adquisición de un semipiso en La Plata. Esta propiedad, supuestamente comprada sin necesidad de un crédito, fue luego vendida a Meldorek, una empresa vinculada a Sergio Schoklender. Este último, en sus declaraciones judiciales, afirmó en varias ocasiones que se trató de una operación ficticia, orquestada a pedido de la propia Hebe de Bonafini, lo que sumaba una capa más de complejidad y opacidad a la trama.

El Giro Judicial: De Oyarbide a Martínez de Giorgi

El escenario judicial comenzó a cambiar drásticamente en agosto de 2013, cuando la Cámara Federal tomó una decisión contundente: anular todas las actuaciones previas y apartar al juez Norberto Oyarbide del expediente. Este fallo marcó un punto de inflexión, ya que, a partir de ese momento, la investigación se concentró en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi. El nuevo magistrado ya manejaba una denuncia preexistente contra funcionarios involucrados en el programa “Sueños Compartidos”, lo que le otorgaba una perspectiva más amplia y una mayor profundidad en la comprensión de la causa. Con Martínez de Giorgi al frente, la dinámica de la investigación cambió por completo, abriendo la puerta a un escrutinio más riguroso de las responsabilidades de todos los actores implicados.

El primer movimiento trascendental de Martínez de Giorgi llegó en junio de 2016, cuando sorprendió a propios y extraños con el llamado a indagatoria de Hebe de Bonafini. Esta citación, que implicaba que Bonafini debía presentarse en Tribunales para responder preguntas sobre su rol en la Fundación, generó una fuerte reacción. La titular de las Madres se negó rotundamente a comparecer, desatando una serie de declaraciones públicas en las que acusaba al juez de “recibir coimas” y de actuar bajo presiones. Sus palabras, cargadas de indignación, reflejaban una percepción de persecución política. En ese contexto, Bonafini llegó a admitir que había mantenido encuentros previos con el magistrado, en los que había reclamado “piedad” para su hija, María Alejandra, sugiriendo una relación más compleja de lo que se hacía pública. Sin embargo, el llamado a indagatoria rompió cualquier vestigio de diálogo amistoso.

La tensión escaló cuando Martínez de Giorgi, ante la negativa de Bonafini a presentarse, advirtió a sus abogados que solicitaría su detención si no acataba la orden judicial. Y así lo hizo. Esta drástica decisión desencadenó una movilización masiva de la militancia kirchnerista, que llenó la Plaza de Mayo y bloqueó el acceso de la Policía a la sede de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. La imagen de Bonafini, desafiante y agradecida por el apoyo popular, se convirtió en un símbolo de resistencia frente a lo que consideraba un ataque político. Finalmente, y en un gesto que demostraba la excepcionalidad del caso, la indagatoria se llevó a cabo en la cocina de la Fundación, tal como Bonafini había exigido, evitando así su traslado a los Tribunales.

El Procesamiento de Hebe de Bonafini: Mayo de 2017

El momento culminante de la investigación llegó en mayo de 2017, cuando Hebe de Bonafini fue formalmente procesada como partícipe de la defraudación. El juez Martínez de Giorgi consideró probada su responsabilidad al “avalar el accionar de los hermanos Schoklender”, dando por sentado que su rol excedía el de una mera figura simbólica. El fallo del magistrado fue contundente y detallado, desglosando las razones que lo llevaron a imputar a la titular de las Madres:

• Aprobación de Contratos: Se determinó que Bonafini “aprobó la contratación de la firma Meldorek SA (de Sergio Schoklender) para la realización de trabajos para los que la Fundación había sido contratada”. Esta aprobación directa, sin los controles adecuados, fue clave para la defraudación.
• Suscripción de Balances: En su carácter de Presidenta de la Fundación, Bonafini suscribió los balances de la institución. Esto implicaba su conocimiento y aval sobre el destino de los fondos y las operaciones financieras realizadas.
• Aprobación de Cuentas Bancarias: El juez también tuvo en cuenta que Bonafini “aprobó la utilización de una cuenta bancaria de Pablo Schoklender en el Banco Credicoop”, una de las vías principales utilizadas para desviar los fondos públicos.

Uno de los párrafos más salientes del fallo de Martínez de Giorgi fue el que desestimó cualquier argumento sobre la edad o el rol limitado de Bonafini: “Su edad nunca representó un impedimento para participar activamente en todas las decisiones de la Fundación, así como también que su participación en la institución excedió notablemente el rol meramente social que describiera en su descargo”. Esta frase subrayó la convicción del juez de que Bonafini tenía plena conciencia y participación en las decisiones que llevaron a la defraudación.

Junto a Bonafini, el juez Martínez de Giorgi también procesó a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, así como a importantes ex funcionarios del gobierno kirchnerista, incluyendo al ex subsecretario de Obras Públicas de la Nación Abel Fatala y al ex secretario de Obras Públicas José López. Tiempo después, la lista de procesados se amplió con la incorporación del ex ministro de Planificación Julio De Vido, lo que reflejaba la magnitud de la estructura de desvío de fondos investigada.

Los Alcances de la Defraudación: Cifras y Mecanismos

El programa “Sueños Compartidos”, ideado con una noble finalidad social, se convirtió en el epicentro de un gigantesco desvío de fondos. De los $750 millones destinados al plan de viviendas de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, la Justicia estimó un desfalco de más de $200 millones, siendo la cifra precisa de $206.438.454, lo que representaba un alarmante 23,54% de los fondos transferidos. Un extenso informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) detalló los mecanismos utilizados para esta megaestafa.

El centro de la maniobra delictiva fue el descuento de cheques oficiales en las llamadas “cuevas” de la City porteña, con el objetivo de obtener dinero en efectivo. Una parte significativa de este dinero terminó en cuentas de los hermanos Schoklender y sus allegados ($52.149.459), otra porción considerable fue a parar a empresas agropecuarias ($100.565.644), y un tercer segmento se desvió a empresas bursátiles o financieras ($22.286.127). Adicionalmente, se comprobó un desvío “hormiga” a través de la emisión de cheques de menos de $50.000, una estrategia utilizada para evadir controles y obtener $31.212.221 en efectivo.

Durante la investigación, la Justicia corroboró graves irregularidades en la adjudicación y ejecución de las obras. Se constató que no se realizaron licitaciones públicas, un requisito fundamental para la transparencia en el manejo de fondos estatales. Además, se saltaron sistemáticamente los controles estatales, lo que facilitó el desvío de los recursos. El juez Martínez de Giorgi lo plasmó claramente en el fallo de elevación a juicio de 2019: “En todos los casos en los que la Fundación resultó beneficiaria de la construcción de viviendas sociales y centros sanitarios el procedimiento mediante el cual se formalizó su selección fue irregular, pues se le adjudicó la ejecución de las obras en forma directa, sin sustentación legal válida tanto en el orden nacional como en el ámbito provincial y/o municipal.”

Un Juicio Siempre Postergado

A pesar del procesamiento de Hebe de Bonafini en mayo de 2017 y la elevación a juicio oral en mayo de 2019, la causa “Sueños Compartidos” ha enfrentado una serie de demoras y obstáculos que han impedido su avance. El expediente recayó en el Tribunal Oral Federal 5, el mismo que ha tenido a su cargo causas resonantes, aunque en este caso la presidencia recae en la jueza Adriana Palliotti, reconocida por fallos significativos contra el kirchnerismo. Sin embargo, más de tres años y medio después de su elevación, el juicio aún no tiene fecha de inicio, acumulando solo planteos y chicanas por parte de las defensas.

Una de las principales razones de esta dilación es la etapa de “instrucción suplementaria”, un período procesal destinado a realizar medidas de prueba que fueron omitidas o denegadas durante la investigación inicial. Diversos factores han contribuido a esta demora, incluyendo nulidades presentadas por la defensa de Julio De Vido, que llegaron hasta la Corte Suprema y obligaron a enviar el expediente principal. Otro elemento que ha complicado el avance es la pericia caligráfica, una prueba esencial para determinar la autenticidad de la firma de Hebe de Bonafini en documentos clave. La dificultad radica en la falta de un documento original con su rúbrica, y, según fuentes judiciales, “nadie se anima a citarla para que haga un cuerpo de escritura”, lo que refleja la complejidad y sensibilidad política del caso.

La defensa de Hebe de Bonafini, en sus últimos años de vida, presentó un pedido de extinción de la acción penal por “afectación del derecho a ser juzgada en un plazo razonable”, es decir, reclamó que no hubiera juicio. Esta estrategia procesal buscaba dar por concluida la causa sin una sentencia. Tras su fallecimiento, el 20 de noviembre de 2022, la causa en su contra se cerró automáticamente, un hecho que, paradójicamente, podría activar el juicio oral contra los hermanos Schoklender y el resto de los imputados, quienes han seguido presentando recursos en todas las instancias posibles para dilatar el proceso.

Preguntas Frecuentes sobre el Caso Hebe de Bonafini y Sueños Compartidos

A continuación, respondemos algunas de las preguntas más comunes sobre este complejo caso judicial:

¿Cuándo fue procesada Hebe de Bonafini en la causa “Sueños Compartidos”?
Hebe de Bonafini fue procesada en mayo de 2017 por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, imputada como partícipe de la defraudación. Esto ocurrió después de que se negara inicialmente a una indagatoria en junio de 2016, que finalmente se realizó en la sede de la Fundación.

¿Qué fue el programa “Sueños Compartidos”?
“Sueños Compartidos” fue un programa social de construcción de viviendas y centros sanitarios impulsado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que recibió millonarios fondos del Estado Nacional. La investigación judicial determinó que gran parte de esos fondos fueron desviados mediante diversas maniobras fraudulentas.

¿Quiénes fueron los principales implicados en la causa además de Hebe de Bonafini?
Entre los principales implicados se encuentran los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, ex funcionarios públicos como el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, y posteriormente el ex ministro de Planificación Julio De Vido. Todos ellos fueron procesados en distintas etapas de la investigación.

¿Por qué se demoró tanto el juicio oral en esta causa?
El juicio oral se ha demorado por múltiples razones, incluyendo la etapa de “instrucción suplementaria” para realizar nuevas pruebas, la presentación de recursos y nulidades por parte de las defensas (como la de Julio De Vido que llegó a la Corte Suprema), y dificultades para realizar pericias clave, como la caligráfica de la firma de Bonafini.

¿Qué pasó con la causa contra Hebe de Bonafini después de su muerte?
Tras el fallecimiento de Hebe de Bonafini en noviembre de 2022, la acción penal en su contra se extinguió debido a su deceso. Esto significa que la causa individual contra ella se cerró, aunque el proceso judicial continúa para el resto de los imputados en el escándalo de “Sueños Compartidos”.

Tabla Comparativa: Hitos Judiciales Clave

La saga judicial de “Sueños Compartidos” y el procesamiento de Hebe de Bonafini representan un capítulo crucial en la historia reciente de Argentina, no solo por la magnitud del desvío de fondos, sino también por las implicaciones políticas y sociales. Aunque Bonafini fue procesada en 2017 y la causa elevada a juicio en 2019, la ausencia de una sentencia firme para el resto de los implicados, debido a las constantes dilaciones y recursos, sigue siendo un recordatorio de los desafíos que enfrenta la justicia en casos de alta complejidad y repercusión pública. El camino hacia una resolución definitiva de este escándalo, que desnudó graves irregularidades y el uso indebido de recursos estatales, sigue siendo una deuda pendiente, a la espera de que el Tribunal Oral Federal 5 finalmente ponga fecha al juicio que dé cierre a este extenso y polémico expediente.

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