16/12/2021
Argentina se enfrenta a una de sus crisis ambientales más devastadoras y persistentes: los incendios que asolan el vasto y vital humedal del Delta del Paraná. A dos semanas del recrudecimiento de los focos de incendio activos frente a la ciudad de Rosario, la situación ha escalado a un punto crítico, generando preocupación no solo en las provincias directamente afectadas, como Santa Fe y Entre Ríos, sino también en el área metropolitana de Buenos Aires, que ha sentido el impacto directo del humo denso y la contaminación. Expertos y organizaciones ambientalistas no dudan en calificar este desastre como una forma de terrorismo ambiental, y la indignación crece ante la aparente inacción y la dificultad para identificar y sancionar a los responsables de esta catástrofe ecológica.

La magnitud del daño es alarmante. Se estima que solo en las últimas dos semanas se han quemado alrededor de 25.000 hectáreas frente a Rosario, Villa Constitución y San Nicolás. Desde principios de año, la cifra supera las 100.000 hectáreas, y en los últimos dos años y medio, el total asciende a más de un millón de hectáreas calcinadas. Este escenario de destrucción sin precedentes clama por respuestas urgentes y la implementación de medidas legales más contundentes que protejan uno de los ecosistemas más importantes de la región.
El Drama del Delta: Un Escenario de "Terrorismo Ambiental"
El director del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Matías de Bueno, ha sido categórico al describir la situación como un “terrorismo ambiental” insostenible. El Delta del Paraná no es solo un conjunto de islas; es uno de los mayores pulmones verdes de Argentina, un ecosistema vital que produce aire puro y alberga una biodiversidad inmensa. Su destrucción no solo afecta la flora y fauna local, sino que tiene consecuencias directas sobre la salud de millones de personas.
Los niveles de contaminación del aire en Rosario, en los momentos más críticos de los incendios, han llegado a ser hasta cinco veces superiores a lo tolerable según la reglamentación vigente en Santa Fe. Esta realidad ha transformado la vida cotidiana de los ciudadanos, obligándolos a respirar un aire viciado y exponiéndolos a riesgos sanitarios a largo plazo. La desidia y la percibida falta de presencia estatal son una constante en el reclamo de la sociedad. La ausencia de respuestas contundentes frente a una situación de tal gravedad ha llevado a plantear la necesidad de una intervención del Poder Ejecutivo, incluso con la asistencia del Ejército, para resolver el problema de manera efectiva y rápida. Asimismo, se ha sugerido la creación de una fuerza de seguridad táctica dedicada a la zona, con el fin de capturar a quienes inician estas quemas intencionales.
Las Manos Detrás del Fuego: Causas y Responsables
La pregunta recurrente es: ¿por qué se inician estos incendios? Las investigaciones y el consenso de expertos apuntan a dos razones principales, ligadas a intereses económicos y productivos: la limpieza de campos para ampliar la frontera ganadera y la especulación inmobiliaria. El humedal es un ecosistema frágil, pero su tierra es vista como una oportunidad para la expansión agrícola y ganadera.
Según Ivo Peruggino, de la Multisectorial por los Humedales, se ha “quintuplicado la carga ganadera” en la zona, en un intento por “pampeanizar” el Delta, es decir, transformar el humedal en una extensión de las tierras productivas de la Pampa. Datos oficiales de Senasa, revelados por el periodista Juan Chiummiento, confirman este alarmante crecimiento: en los últimos cinco años, la población vacuna en los humedales del Delta pasó de 130.992 a 191.662 vacas. Este incremento descontrolado de la actividad ganadera, a menudo incompatible con la conservación del humedal, es un factor clave en la provocación de fuegos, ya que la quema es utilizada como un método rápido y barato para limpiar terrenos y generar pasturas.
El periodista Juan Chiummiento ha ido más allá, publicando un mapa que combina información satelital de la NASA con datos del Senasa, identificando a las empresas con explotaciones agropecuarias en las zonas afectadas. Este registro es crucial, especialmente porque el Ministerio de Ambiente, a cargo de Juan Cabandié, ha reclamado durante más de dos años al gobierno de Entre Ríos la información catastral que permitiría identificar a los propietarios de las tierras quemadas, datos que hasta la fecha no han sido remitidos ni a la cartera ambiental ni a los juzgados.
La impunidad ha sido la norma, con muy pocas detenciones. Recientemente, cuatro integrantes de una familia de pequeños productores fueron apresados, argumentando que iniciaron un foco como “cortafuegos” para proteger su producción. Sin embargo, este es un caso aislado frente a la magnitud y recurrencia de los incendios.

Focos de Incendio Reincidentes: Un Patrón Alarmante
Un informe de Defensa Civil de Rosario ha revelado un patrón preocupante: en los últimos dos años, se produjeron 59 focos de incendio en los mismos diez lugares. Estos datos coinciden con el mapa desarrollado por Chiummiento, evidenciando una sistematicidad en las quemas. La siguiente tabla detalla algunos de los sitios más afectados y la frecuencia de los incendios:
| Ubicación | Frecuencia de Focos de Incendio (Últimos 2 años) |
|---|---|
| Frente a Rosario (20 km) | Focos el 7 de agosto de 2022, y previamente en dic, nov, oct de 2021; oct, sept, jul, jun y mar de 2020. |
| Frente a Pueblo Esther | 12 focos entre enero de 2020 y diciembre de 2021. |
| Márgenes del Arroyo Careaga (frente a Pto. San Martín y Timbúes) | 9 focos registrados en los últimos dos años. |
| Laguna de los Franceses (frente a Maciel) | Incendios entre el 9 y 13 de julio de 2022, y 3 grandes focos entre julio de 2020 y junio de 2022. |
| Frente a San Nicolás y Villa Constitución | 15 focos de incendio entre enero de 2020 y julio de 2022. |
La Justicia y los Incendios: Un Camino Lento y Complejo
Actualmente, hay al menos tres causas en marcha en la Justicia federal por los incendios en el Delta: una iniciada en 2020 y dos de 2022 (de abril y julio). A pesar de los esfuerzos, el avance es lento y la identificación de los responsables, un desafío constante.
Uno de los expedientes más antiguos tiene como imputado a Pablo Rufino Baggio, por el presunto delito de “incendio u otro estrago”. Esta causa tramita desde junio de 2020 en el juzgado Federal Nº2 de Paraná, a cargo del juez Daniel Edgardo Alonso. El Ministerio de Ambiente es querellante, pero los señalados han negado responsabilidad, asegurando vivir en otras ciudades.
Otra causa investiga quemas intencionales en Diamante y Victoria, con un modus operandi similar, ocurridas en junio y julio de este año. Este expediente está en manos del juez federal de Paraná Nº1, Leandro Ríos, y hasta ahora, no se ha logrado identificar a las personas involucradas.
El tercer expediente, iniciado el 1 de abril de 2022, está a cargo del juez Federico Martín, del juzgado Federal de Victoria. También apunta a incendios en Victoria, pero la individualización de los responsables sigue siendo una tarea pendiente. Por los últimos focos, este fin de semana se concretó la detención de las cuatro personas mencionadas, en el marco de una causa que también está en manos del juez Martín, con instrucción del fiscal Claudio Kishimoto.
La complejidad de las investigaciones radica en la dificultad de acceder a la información catastral de las tierras y en la vasta extensión del área afectada, lo que facilita que los responsables eludan la acción de la justicia.
La Propuesta del Ecocidio: Un Nuevo Horizonte Legal
Ante la recurrencia y gravedad de estos desastres ambientales, un grupo de investigadores y abogados ambientalistas ha lanzado una iniciativa crucial: incorporar la figura del ecocidio al Código Penal. Esta propuesta busca dotar al sistema judicial de una herramienta legal más robusta para perseguir y castigar los daños graves al medioambiente, una figura que ya se debate en varios países de la región.
La iniciativa, impulsada por la Asociación de Investigadores de Derecho Penal Ambiental y Climático, propone penas severas para quienes cometan “cualquier acto ilícito o arbitrario a sabiendas de que existen grandes posibilidades que cause daño grave que sea extenso o duradero al ambiente”. La pena básica planteada sería de tres años y medio a diez años de cárcel, acompañada de multas que irían de $300.000 a $2.000.000.
Sin embargo, las penas se agravarían considerablemente si el daño es grave y provoca cambios adversos o efectos serios para la vida humana o de cualquier especie o recurso presente en la zona, con penas de 8 a 20 años de cárcel y multas de hasta $5.000.000. Si en el delito interviniera un funcionario público, o si se cometiera en una zona protegida o reserva natural, la pena podría ascender de 10 a 25 años de cárcel.

Esta figura del ecocidio es vista como un paso fundamental para reconocer la magnitud de los crímenes ambientales y para enviar un mensaje claro de que la destrucción de nuestro patrimonio natural no quedará impune. Es una herramienta esperada por la sociedad para combatir la impunidad y proteger el futuro de los ecosistemas vitales.
Preguntas Frecuentes sobre los Incendios en el Delta
A continuación, respondemos algunas de las preguntas más comunes sobre la situación de los incendios en el Delta del Paraná:
¿Qué son los incendios en el Delta del Paraná?
Son fuegos que se producen de forma recurrente y, en gran parte, intencional en las islas y humedales del Delta del Paraná, una extensa región de ecosistemas acuáticos y terrestres que abarca partes de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires. Estos incendios son devastadores para la biodiversidad y generan una gran cantidad de humo que afecta la calidad del aire en ciudades cercanas.
¿Por qué se producen los incendios en el Delta?
Las principales causas son la expansión de la frontera ganadera (quema de pastizales para generar nuevas áreas de pastoreo) y la especulación inmobiliaria (quema de terrenos para valorizarlos o prepararlos para proyectos de desarrollo). Otros factores pueden incluir la quema de residuos o la falta de manejo de la tierra, agravados por periodos de sequía.
¿Quiénes son los responsables de los incendios?
Aunque la justicia ha tenido dificultades para identificar y procesar a los responsables, se sospecha de productores agropecuarios que buscan ampliar sus áreas de explotación y de actores relacionados con proyectos de desarrollo inmobiliario. La falta de información catastral y la vasta extensión del área dificultan la atribución de responsabilidades.
¿Qué impacto tienen los incendios en la salud y el ambiente?
Los impactos son severos. A nivel ambiental, destruyen la biodiversidad del humedal, afectando flora y fauna, y liberan grandes cantidades de gases de efecto invernadero. A nivel de salud humana, el humo provoca problemas respiratorios, irritación ocular y otras afecciones, y la contaminación del aire puede superar ampliamente los límites tolerables.
¿Qué es el "ecocidio" y por qué se busca incorporarlo?
El ecocidio es una figura legal propuesta para castigar actos que causen daño grave, extenso o duradero al medioambiente. Se busca incorporarla al Código Penal argentino para dotar a la justicia de herramientas más contundentes y penas severas (incluyendo prisión y multas millonarias) que disuadan la destrucción ambiental intencional y reconozcan el valor intrínseco de los ecosistemas.
La crisis de los incendios en el Delta del Paraná es un llamado de atención urgente. La sociedad, los expertos y las organizaciones ambientalistas exigen una respuesta contundente del Estado, no solo para apagar el fuego, sino para atacar las causas de raíz y garantizar la protección de este valioso humedal. La lucha por la incorporación del ecocidio al Código Penal representa una esperanza para que crímenes de esta magnitud no queden impunes y para que la Argentina avance hacia una legislación ambiental más robusta y efectiva.
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