¿Qué Pasó con el Libre Acceso Pleno en la Pesca Chilena?

La vida de Jaime Araneda, como la de su abuelo y su padre, siempre ha estado intrínsecamente ligada al vasto y generoso mar chileno. Durante más de una década, Jaime ha sido tripulante en grandes embarcaciones industriales, persiguiendo el jurel a lo largo de las costas de Chile. Sin embargo, lo que antes eran viajes de unos pocos días con bodegas rebosantes, hoy se ha transformado en travesías de doce o más jornadas en aguas internacionales, que a menudo terminan con las naves regresando casi vacías. El miedo se ha apoderado de Jaime, una sensación compartida por muchos pescadores que ven cómo el recurso que les da sustento se desvanece. “El mar no es de los chilenos; es de los empresarios. Si la cosa sigue así, de aquí a uno o dos años más ya no va a haber qué pescar en Chile”, lamenta. Esta cruda realidad es el eco de una historia de sobreexplotación, regulaciones fallidas y la desaparición del concepto de libre acceso pleno a los recursos marinos, un sistema que, aunque prometía oportunidades para todos, sembró las semillas de su propia destrucción.

Desde 1997, el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) ha documentado una disminución alarmante y acelerada de la biomasa de jurel. En 2001, la macrozona centro sur de Chile, que abarca desde Valparaíso hasta Los Lagos, registraba casi 6 millones de toneladas de jurel. Para 2008, la cifra se había desplomado a apenas 1.528 toneladas, y en 2009, simplemente no se encontró ninguna. Eduardo Tarifeño, biólogo marino y miembro del Consejo Nacional de Pesca (CNP), lo resume con desolación: “En la pesquería nacional, en términos de peces, la única especie que está quedando es la sardina. No nos queda jurel ni merluza ni anchoveta”. Un informe de la Subsecretaría de Pesca (Subpesca) de 2010 confirmó que de 17 especies con pesquería en el país, solo cuatro se encontraban en un nivel seguro, mientras que nueve, incluyendo el jurel, ya estaban catalogadas como sobreexplotadas.

Los Días del 'Libre Acceso Pleno': Una Época de Abundancia y Destrucción

La década de los 80 fue testigo de una bonanza pesquera sin precedentes en Chile, una era que Juan Vilches, biólogo marino y patrón de pesca, describe sin titubeos como “una matanza”. Bajo el régimen de libre acceso pleno, imperante hasta mediados de los años 80, cualquier embarcación podía salir a pescar con una simple autorización del Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca). El Código Civil chileno establecía que los peces no eran propiedad de nadie hasta que eran capturados, lo que convertía la captura en un acto de ocupación y, por ende, de propiedad. Este sistema, desprovisto de límites de captura o controles efectivos, incentivó a las empresas pesqueras a extraer todo lo que les fuera posible. La fiscalización era prácticamente inexistente, y la pesca se convirtió rápidamente en un pilar de la economía nacional.

Para 1986, las exportaciones pesqueras superaban los US$535 millones, representando más del 12% del total de exportaciones del país. Chile se erigía como el segundo productor mundial de harina de pescado, solo superado por Japón, con desembarques de jurel que rozaban los 1.3 millones de toneladas. La ambición no conocía límites. Juan Vilches relata cómo las naves descartaban hasta 80 toneladas de peces por estar por debajo del tamaño legal, dejando un “enorme manto blanco” de peces muertos flotando sobre el mar, una imagen que los pescadores de la época aún recuerdan con horror. Para Juan Manríquez, tripulante del Santa María II, lo que se hizo con la pesca fue “una cosa degenerada”. La talla mínima del jurel, crucial para su reproducción y preservación, era de 26 centímetros, pero incluso esta norma fue rebajada a 22 centímetros, exacerbando la captura de ejemplares inmaduros y sellando el destino del recurso.

El Fin de una Era y el Inicio de la Regulación: Buenas Intenciones, Malos Resultados

La insostenible situación llevó al fin del libre acceso pleno en 1985. El Sernapesca cerró las tres principales regiones pesqueras –Tarapacá, Antofagasta y el Bío Bío– declarándolas como zonas de plena explotación y cesando la entrega de permisos. Sin embargo, esta medida, lejos de ser una solución, desató una nueva oleada de explotación: las empresas simplemente solicitaron autorizaciones para pescar en regiones aledañas, permisos que les fueron concedidos. El resultado fue que, en poco tiempo, prácticamente no quedó un metro cúbico de mar chileno sin actividad pesquera. Luis Felipe Moncada, gerente de Asipes (la agrupación de las grandes empresas pesqueras del centro sur), explicó que la medida se fundamentó en la necesidad de limitar el acceso ante recursos naturales finitos. Pero el problema persistió: se limitó el acceso, pero no se impuso un límite a la captura.

La sobreexplotación continuó sin freno. En 1990, los desembarques totales de peces en Chile superaron las 6 millones de toneladas, de las cuales el 41.7% correspondía a jurel. La necesidad de una regulación más robusta era evidente, y en 1991, el Congreso promulgó la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), reemplazando la normativa del régimen militar. Esta ley buscaba controlar el “esfuerzo pesquero”, estableciendo límites no solo al acceso, sino también a la capacidad de bodega de las embarcaciones. Sin embargo, la ley tenía una laguna crítica: no impidió la “sustitución” de embarcaciones viejas por naves nuevas, más potentes y tecnológicamente avanzadas. Las empresas fusionaban permisos de barcos más pequeños para construir gigantes de mayor capacidad, equipados con sonares de última generación. Esto les permitía pescar por más tiempo, a mayores distancias y con mayor eficiencia, aumentando exponencialmente el volumen de captura sin, aparentemente, incrementar el “esfuerzo” o la capacidad declarada.

Esta dinámica derivó en lo que se conoció como la “carrera olímpica”. Entre 1994 y 1996, Chile capturó un promedio de 7.2 millones de toneladas de peces al año, con el jurel representando el 56.6% de esa cifra, superando los 4 millones de toneladas anuales. Los pescadores como Jorge Ramírez recuerdan cómo las bodegas se llenaban a tal extremo que incluso extendían las redes en cubierta para llevar más pescado. A pesar de estas cifras asombrosas, el jurel estaba en una crisis profunda: gran parte de la pesca estaba bajo la talla de 26 centímetros, lo que comprometía la reproducción de la especie. En respuesta, las autoridades, lideradas por el subsecretario de Pesca Juan Manuel Cruz, implementaron el sistema de cuotas globales anuales para las pesquerías más importantes. Para el jurel, aunque la propuesta inicial de Subpesca era de 800 mil toneladas, el Consejo Nacional de Pesca (CNP), dominado por representantes de la industria, la elevó a 1.980.000 toneladas para 1999. El resultado fue desastroso. Una vez que se completaba la cuota anual, la pesquería se cerraba, lo que impulsaba a las empresas a pescar “como locas” para maximizar su parte antes que las demás. Se priorizaba la velocidad de pesca, un sistema “insostenible” y “depredador”, incluso si se respetaba la cuota. Mario Rodríguez, tripulante desde 1984, rememora los tiempos en que los sueldos de los pescadores superaban el millón de pesos mensuales y los patrones podían ganar entre cinco y veinte millones, pagados por tonelada. En esa época, se embarcaban, echaban las redes al agua tras una hora de navegación, llenaban el barco con jurel en un solo lance y hacían dos o tres viajes al día, extrayendo unas 2.000 toneladas diarias. Esa abundancia, sin embargo, era la señal de una extracción descontrolada.

La Ley de Cuotas: ¿Solución o Consolidación del Poder?

Para intentar controlar la sobrepesca, las autoridades combinaron las cuotas con vedas. Sin embargo, la Subpesca comenzó a administrar la explotación de manera irregular, mediante la entrega de “permisos de pesca de investigación”. Aunque la ley los definía como actividades “sin fines comerciales”, en la práctica se usaron para fines extractivos comerciales. Estos derechos pesqueros se asignaron a cada empresa basándose en su historial de capturas y en la cantidad de empleados. Este sistema irregular se institucionalizó con la promulgación en 2001 de la Ley de Límites Máximos de Captura por Armador (LMCA).

La LMCA distribuyó el mar chileno entre unos pocos y poderosos gigantes pesqueros industriales. Hoy, estos actores se encuentran enfrascados en una doble lucha: por mantener sus cuotas individuales y por endosarse mutuamente la responsabilidad de la depredación del jurel. La ley, impulsada en su momento por el actual Presidente Sebastián Piñera cuando era senador, abrió la puerta a una “guerra” por los pedazos de una torta de la que ya solo quedan migas.

El Jurel al Borde del Colapso: Un Recurso Compartido, una Responsabilidad Fragmentada

La escasez del jurel no es un fenómeno aislado; es una especie transoceánica que migra por casi todo el Pacífico Sur. Desova cerca de Nueva Zelanda, sus poblaciones juveniles se concentran frente a las costas del sur de Perú y el norte de Chile, y desde la V Región hacia el sur es la zona de reclutamiento de los adultos. Para preservar este ciclo vital, se estableció una talla mínima de 26 centímetros en 1981, aunque a finales de 2011 fue reducida a 22 centímetros, una medida que solo agrava el problema.

Las grandes pesqueras de la zona centro sur, agrupadas en Asipes y Sonapesca, atribuyen la disminución del jurel a dos factores: los enormes barcos factoría extranjeros que operan sin límites en aguas internacionales y la pesca de jurel inmaduro por parte de las empresas del norte de Chile. Luis Felipe Moncada, gerente de Asipes, acusa directamente al grupo Angelini (Corpesca) de ser un “gran depredador del jurel” en el norte, donde se capturan especímenes bajo la talla legal. Aunque el norte argumenta que su jurel es un stock aparte, la evidencia científica demuestra que el colapso del jurel ha sido generalizado en todo el Pacífico Sur.

Un informe de Subpesca de diciembre de 2011 reveló que, mientras la zona centro-sur (V-IX Región) desembarcó 151.514 toneladas de jurel (81% de su cuota), la zona norte (XV-II Región) capturó 29.545 toneladas (75% de su cuota). Desde 2007, las pesqueras chilenas no han podido completar las cuotas asignadas, simplemente porque no hay peces. La discusión sobre la culpa llegó incluso al Parlamento. En 2011, Francisco Mujica, gerente general de Corpesca S.A., se defendió ante la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, argumentando que la sobreexplotación se concentraba en la zona centro sur. Señaló que mientras la biomasa de jurel determinada por el IFOP era cero en la zona centro sur desde 2009, en las regiones de Tarapacá y Antofagasta alcanzó las 445.330 toneladas en 2010. También denunció que entre 1997 y 2000, más de 3 millones de toneladas de jurel bajo talla fueron pescadas en la Región del Bío Bío bajo el amparo de la “pesca de investigación”.

Sin embargo, lo que Mujica omitió es que esa misma artimaña se aplica hoy a la pesca de jurel en el norte del país. El informe de Subpesca de diciembre de 2011 indica que, desde 1998, en la zona norte “destaca la presencia de un alto número de ejemplares juveniles, que supera en promedio el 70% de la captura total, llegando algunos años a superar el 90% (2011)”. A pesar de la talla mínima de 26 centímetros, en 2011 el 95% de las capturas en el norte estaba por debajo de esa medida. Cuando CIPER preguntó a Sernapesca por la falta de sanciones, la respuesta fue contundente: “Todas las operaciones de pesca de jurel en la zona norte del país hasta el 2011 se han efectuado bajo la modalidad de pesca de investigación (PI). La ley exceptúa a las PI de algunas medidas de administración lo cual en este caso se aplica. En otras palabras, la captura de jurel en la zona norte no tiene disposición de talla mínima. Consecuente con lo anterior, no hay infracciones en esta materia porque la medida no es aplicable”. Esta exención legal para la “pesca de investigación” ha sido una puerta abierta para la pesca indiscriminada de jurel juvenil, contribuyendo al colapso del recurso. Al final, los indicadores son claros: todos los armadores, tanto del norte como del centro-sur, han contribuido al unísono al colapso de los recursos pesqueros.

Las Consecuencias de una Gestión Fallida: ¿Hay Esperanza para el Mar Chileno?

En la última década, la biomasa del jurel en el Pacífico Sur se ha reducido en un asombroso 79% debido a la sobreexplotación. Un grupo de trabajo científico internacional, en un reporte de 2009 para la Organización Regional de Administración Pesquera para Alta Mar del Pacífico Sur, señaló que la industria pesquera de Chile fue responsable del 88% de las capturas de jurel registradas en 2007 y 2008, en una región donde también operan enormes naves factoría de diversas banderas. En esos dos años, Chile informó la captura de casi 2.2 millones de toneladas de jurel, distribuidas entre los 33 armadores chilenos que participaban en la pesca industrial en 2009. Desde entonces, el número de armadores chilenos se ha reducido a 27, y el 93.71% de esta pesquería se ha concentrado en tan solo nueve grupos económicos. Son estos grupos los que, en última instancia, han tenido la última palabra y decisión sobre cuánto se puede pescar en Chile, a menudo ignorando las recomendaciones científicas, como señala Samuel Leiva de Greenpeace. Un ex subsecretario de Pesca lo resumió de manera lapidaria: “En el sector pesquero prácticamente no existe nadie que no tenga intereses económicos”.

La historia del jurel en Chile es un estudio de caso sobre cómo la ausencia de límites, seguida por regulaciones con serias lagunas y la influencia de poderosos intereses económicos, puede llevar un recurso abundante al borde de la aniquilación. La situación de pescadores como Jaime Araneda es un recordatorio palpable de que la salud de nuestros océanos está directamente ligada a la sostenibilidad de nuestras prácticas y a la voluntad política de proteger los recursos para las futuras generaciones.

Tabla Comparativa: Evolución de la Biomasa y Desembarques de Jurel en Chile

Preguntas Frecuentes sobre el Libre Acceso Pleno en la Pesca Chilena

¿Qué es el "libre acceso pleno" en la pesca?
El "libre acceso pleno" era un sistema de gestión pesquera vigente en Chile hasta mediados de los años 80, donde para pescar solo se requería una autorización básica del Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca). No existían límites de captura ni controles efectivos sobre las especies o las áreas de pesca, lo que significaba que quien capturaba un pez, se convertía en su propietario, fomentando una extracción ilimitada de los recursos marinos.

¿Por qué se terminó el "libre acceso pleno"?
Se puso fin al "libre acceso pleno" en 1985 debido a la evidente y masiva sobreexplotación de los recursos marinos, especialmente el jurel. La falta de límites de captura y la extracción descontrolada estaban agotando rápidamente las poblaciones de peces, llevando a la insostenibilidad de la actividad pesquera.

¿Qué es la "carrera olímpica" en la pesca?
La "carrera olímpica" fue un efecto no deseado de la introducción de cuotas globales anuales en Chile a finales de los años 90. Al establecerse una cuota máxima para la temporada, las empresas pesqueras, en lugar de regular su captura, compitieron para extraer la mayor cantidad de peces en el menor tiempo posible antes de que la cuota se agotara y la pesquería se cerrara. Esto llevó a una intensificación de la pesca, con barcos más potentes y eficientes, resultando en una forma de explotación extremadamente depredadora.

¿Cómo afectó la Ley de Límites Máximos de Captura por Armador (LMCA) a la pesca?
La LMCA, promulgada en 2001, institucionalizó un sistema de cuotas individuales asignadas a empresas pesqueras basándose en su historial de capturas y número de empleados. Si bien buscaba controlar la sobrepesca, en la práctica consolidó la propiedad de los recursos marinos en manos de unos pocos y grandes grupos económicos industriales, generando conflictos por la distribución de las cuotas y permitiendo que intereses económicos influyeran en la gestión del recurso.

¿Por qué la talla mínima del jurel es un problema en Chile?
La talla mínima del jurel (originalmente 26 cm, luego reducida a 22 cm) es crucial para permitir que los peces alcancen la madurez sexual y se reproduzcan antes de ser capturados. El problema radica en que, a pesar de la regulación, se ha capturado un alto porcentaje de jurel bajo talla, especialmente en la zona norte del país, a menudo bajo el amparo de los "permisos de pesca de investigación", lo que compromete gravemente la capacidad de recuperación de la especie.

¿Quiénes son los principales responsables de la sobreexplotación del jurel en Chile?
Según los datos y testimonios, la responsabilidad es compartida. Si bien la flota extranjera en aguas internacionales contribuye, Chile ha sido el actor principal en la sobreexplotación del jurel en el Pacífico Sur, siendo responsable de un alto porcentaje de las capturas. Dentro de Chile, tanto las grandes empresas del norte como las del centro-sur han contribuido al colapso del recurso, a menudo culpándose mutuamente mientras utilizaban vacíos legales, como los permisos de "pesca de investigación", para continuar con prácticas extractivas insostenibles.

¿Qué papel juega la "pesca de investigación" en la sobreexplotación?
La "pesca de investigación" ha sido utilizada como un resquicio legal para la extracción comercial de jurel, especialmente de ejemplares juveniles. A pesar de que la ley la define como una actividad sin fines comerciales, esta modalidad ha sido exenta de algunas medidas de administración, como la talla mínima de captura. Esto ha permitido que se capture un alto porcentaje de jurel inmaduro, contribuyendo significativamente a la disminución de la biomasa.

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